Investigan delitos como homicidios, lesiones, privación ilegítima de libertad, tortura, abuso de autoridad y desapariciones forzosas, que hayan sido cometidos por funcionarios de los órganos de seguridad del Estado.
A través de sus fiscales con competencia en la materia, la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, adscrita a la Dirección General de Actuación Procesal del Ministerio Público, investiga y persigue aquellos delitos contra las personas, cometidos por funcionarios de seguridad.
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