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En una eterna tragedia se ha convertido la rutina para los habitantes del barrio Los Sin Techo de El Cementerio, zona sur de la ciudad capital, desde hace tres años aproximadamente. Entre escasez y dificultades ahora deben lidiar con el horror de tener que convivir con grupos irregulares que, amparados bajo la actuación de cuerpos policiales, se han dedicado a sembrar terror en el sector, erigiéndose como los dueños de la vida.
Así lo declaran residentes de la zona, quienes amparados bajo el anonimato exigen justicia y que pare la eterna masacre en la que se ha convertido su día a día. Entre los casos de ajusticiamientos más recientes ocurridos en el sector está el de Daniel Antonio Hernández Valderrama, de 24 años, quien se encontraba en una cola en el Mercal de la zona, cuando fue abordado por varios sujetos y obligado a subir a un jeep sin placa.
Amigos de la víctima explican que el suceso ocurrió el 16 de mayo, a las cuatro de la tarde. El joven, que apareció al día siguiente en la morgue de Caracas con 12 heridas por arma de fuego, se encontraba rodeado de varios de sus seres queridos cuando lo secuestraron. Incluso ”a su madre la bajaron de un solo golpe del jeep, ya que ella logró abrazarlo para evitar que se lo llevaran”, indicó uno de los dolientes.
Cuando la mujer acudió a la medicatura forense para hacerse el respectivo examen médico legal, a instancias de un fiscal del Ministerio Público, encontró el cadáver del menor de sus tres hijos, ya lo habían buscado por hospitales y comisarías y no lo habían conseguido. De acuerdo con los registros del despacho legal, el cuerpo de Hernández fue hallado en la calle 10 de El Valle, con múltiples heridas por arma de fuego.
Enardecidos vecinos aseguran que el joven era un hombre sano, que vivía y trabajaba en la comunidad, y que fue “detenido” por varios miembros de un grupo llamado “Divino Niño”, que acostumbran a operar en la zona con complicidad de los cuerpos policiales. “Siempre llevan algo que dice Policía Nacional Bolivariana encima, a veces hasta suben totalmente uniformados, aunque no son policías”, revela un vecino. La familia de Daniel tenía más de un año amenazada de muerte.
Incluso la madre de la víctima está amenazada con “picarla” si insiste en las denuncias ante los órganos competentes. Al momento que el joven fue secuestrado, los sujetos llegaron en dos camionetas negras y un jeep blanco sin placas. No portaban pasamontañas en esa oportunidad, porque —según los denunciantes— se sienten amparados por los cuerpos policiales.
“Cada vez que suben al cerro gritan: ‘escóndanse bajo la cama y los colchones que llegaron los locos. Véannos para que nos denuncien. Nosotros estamos protegidos por el gobierno”, explica un residente, harto de la impunidad. Agrega: “ahora ni se tapan la cara”.
A las víctimas de esta tragedia diaria no les queda duda de la complicidad y la indiferencia de las autoridades para con estos grupos. “A ella (mamá) el fiscal le dijo que la labor de ellos es marcar las casas, decir dónde vive cada persona”, indicó un amigo de la víctima, quien rechazó esta especie de cacería que ha comenzado en el barrio desde hace varios años y que —aparentemente— no tiene intenciones de parar.
La investigación de Hernández la dirige Joenny Hernández, fiscal 127 del Área Metropolitana de Caracas, y su expediente es el número 9700017.
“Queremos justicia”, gritan casi a coro, mientras recuerdan la cantidad de jóvenes que han muerto o se encuentran desaparecidos bajo la misma modalidad. Más de 30, aseguran con indignación, mientras hacen un recuento casi automático.
Explican que la situación comenzó desde hace tres años, con la muerte de dos personas en el interior del Hospital Clínico Universitario de Caracas. En este hecho murieron Edison y Jesús Balza. Edison ingresó herido al centro médico, luego de sostener un enfrentamiento en el barrio. Varios sujetos entraron al quirófano y le dispararon. Desde este momento la situación tomó otro color. Aparecieron panfletos con una lista de condenados, “donde hay malandros y gente sana”, afirman.
En ese momento los integrantes del mencionado grupo se hacían llamar “Sendero Luminoso”. Antes se dieron a conocer como Movimiento juvenil socioproductiva por la paz y la vida El Cementerio. En los volantes que metieron por debajo de las puertas de las casas se identifican como “constructores de una nueva y mejor patria para nuestra generación de relevo”. En el escrito informaban a los vecinos que habían tomado la determinación de efectuar “una limpieza profunda y exhaustiva” en Los sin techo, Los mangos, Muruachi y “sus adyacencias”, barrios de El Cementerio.
Tal acción implicaba “la eliminación fulminante e inmediata y sin contemplación alguna de todo aquel elemento considerado tóxico y nocivo para nuestras barriadas, motivo por el cual le damos la oportunidad de migrar de la parroquia lo antes posible, de lo contrario, recibirán el impacto contundente del pueblo cobrando sus crímenes y arbitrariedades”, se lee en el volante.
En el mismo se publica una lista de 27 personas identificadas solo por apodos, que serían los primeros en ser condenados a muerte. Entre ellos figura Titi, de Los mangos, joven trabajador que tuvo que acudir en varias oportunidades al Cicpc para resguardar su integridad a raíz de estos señalamientos.
“De esos ya muchos están muertos, otros se han ido del barrio, ahí solo estamos los gafos, los sanos, los que no tenemos para dónde irnos y los que no queremos irnos”, afirma un joven, quien explica que Daniel Hernández no se fue de su casa por no abandonar a su hija de tres años, a pesar de estar amenazado desde hace un año. Incluso su nombre fue incluido en la lista de los más buscados, sin tener antecedentes penales ni estar solicitado por las autoridades.
Situación que se aclaró luego de ser detenido en un operativo policial. En esa ocasión su papá lo acompañó hasta el Cicpc, donde se constató que no tenía deudas con la justicia. “El fiscal le dijo: ‘chamo tranquilo, te deben sacar de la lista en dos semanas’, y así fue”. Sin embargo, igual lo mataron.
Los residentes del sector Los sin techo aseguran que los sujetos que integran el grupo de irregulares se criaron en esta misma zona y son conocidos por todo el mundo, no entienden por qué actúan así ni por qué reciben el apoyo policial, que queda totalmente descubierto al practicarse los cuestionados Operativos de Liberación del Pueblo, donde llegan en compañía de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana.
En este sentido, hace un mes, el director de la PNB, Carlos Pérez Ampueda, fijó posición sobre la presencia de los grupos armados a quienes tildó de “vagabundos” y afirmó que serían capturados. Tal señalamiento fue realizado en medio de una manifestación política, contraria al gobierno, donde estas personas llegaron disparando a los simpatizantes de la oposición.
“Suben vestidos de negro, con chalecos, cascos. Antes se ponían pasamontañas, ahora ni eso. Cada vez que ellos suben alguien muere, le queman su casa, o alguien huye de su casa. Cada vez que ellos suben alguien tiene que morir. Ellos son los dueños de la vida”, se lamenta una mujer del barrio.
Los residentes de Los sin techo esperan justicia y que esta “razzia contra muchachos sanos”, como la han llamado, se pare. Comentan que la misma tarde que velaron a Daniel Hernández subieron otra vez las camionetas y el jeep. Ese día “mataron a un chamo y se llevaron a otro. También indican que hay un menor de edad en el Sebin por ser un supuesto terrorista, sacado de su casa por ellos mismos.
Entre los desaparecidos, cuyo destino sigue siendo incierto, recuerdan a un joven mototaxista de Muruachi. “Se lo llevaron hace dos años y su madre hoy no sabe que fue de él”, dicen colmados por el miedo, por saberse en el ojo de un huracán de grandes dimensiones.
Mientras los residentes de esta barriada ven pasar los días y que la justicia no llega, desde el Ministerio Público aseguran que hay abiertas varias investigaciones por estas situaciones en Caracas. Un funcionario afirmó que no son pocos los registros que hay de irregulares actuando con funcionarios de la PNB, sobretodo en sectores populares.
También se pudo conocer que Cofavic, ong’s en materia de derechos humanos, prepara un informe en el cual se denunciará la actuación de civiles irregulares en complicidad con organismos de seguridad del Estado, hecho que evidencia desde hace meses, explicaron.
Este tipo de situaciones, a todas luces irregulares, ya había sido denunciada por medios de comunicación. En su momento se informó que durante el despliegue de las OLP, en sectores como el 23 de Enero, civiles servían de informantes a los funcionarios.
Los residentes de Los sin techo —aunque escépticos— solo claman por justicia, porque cesen las amenazas, la percusión y el temor a llegar a sus viviendas.
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