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Neldith Alejandra Yepez

viernes, 7 de julio de 2017

Prueba grafotécnica avalará preselección de magistrados



País, 06 julio 2017
Notitarde.- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este jueves durante una entrevista en el programa Con Amorin, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), que se está realizando una prueba grafotécnica para constatar la legalidad de los documentos que, a su juicio, probarían la participación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la preselección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Señaló que el día del evento, la Fiscal General sí participó aunque no firmó el acta y solicitó que le fuese enviada a su despacho. "Yo no quiero firmar esta acta ahora porque se van a tardar mucho realizando su transcripción, cuando la culminen me la envían a mi despacho", dijo Ortega Díaz según Saab.

En este sentido, mostró las pruebas que, según él, afirman que la Fiscal General sí fue convocada a la selección de los magistrados y que a su juicio nunca se mostró en contra de la misma, junto con una copia de una convocatoria, con fecha de miércoles 16 diciembre del 2015, que tuvo como único punto a tratar el proceso de preselección de los candidatos a magistrados del TSJ.

Por otro lado, indicó que el Ministerio Público (MP) es solo una institución y no puede estar por encima de los Poderes del Estado.

Aseguró que el MP no es un "suprapoder" como a su juicio lo hace ver la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por lo que apuntó que todas las instituciones son auditables.

"En Venezuela existen cinco Poderes Públicos, no existen seis. Uno de esos cinco Poderes Públicos es el Poder Ciudadano, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano, y el Ministerio Público es una institución dentro del Poder Ciudadano en calidad idéntica de igualdad jurídica y legal que la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General", explicó. Señaló que un representante de las instituciones del Estado no puede hacer uso de su cargo para dar una opinión personal para socavar la legalidad o la majestad de un Poder Público o de otra institución. (Con información de Correo del Orinoco y El Universal).

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